Demostración de funcionalidad: cómo nuestro software mapea, detecta y registra los delitos tipificados en la Ley 21.459 de Delitos Informáticos, y cómo operacionaliza las obligaciones que le exige al regulado la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663). Son dos leyes distintas: la primera castiga a quien ataca, la segunda le pide a usted organizarse y avisar.
La Ley 21.663 exige una ALERTA TEMPRANA al CSIRT Nacional dentro de las 3 horas desde que se toma conocimiento del incidente; una actualización a las 72 horas (24 si es operador de importancia vital con servicios esenciales afectados) y un informe final a los 15 días corridos. AlgizSec deja los tres redactados y sellados en minutos, para que usted los envíe: el plazo se cumple cuando usted envía, no cuando el software escribe.
La secuencia se ejecuta en segundos contra el ledger firmado. Las 3 horas de la alerta temprana quedan cubiertas con holgura.
Seis de las ocho figuras de la Ley 21.459 de Delitos Informáticos —las que se dan en una faena—, mapeadas a controles concretos del software. Quedan fuera la receptación de datos y el abuso de dispositivos. Cada fila apunta a evidencia técnica en el código.
No vendemos lo que no hace el software. Esta tabla declara explícitamente qué obligación operacionaliza AlgizSec, cuál requiere decisión organizacional y cuál queda fuera del alcance de un software.
Cada acción se firma al registrarse y la base de datos rechaza cualquier intento de modificarla, borrarla o vaciar la tabla. La clave de firma la custodia AlgizSec, así que la bitácora es inalterable para cualquier usuario de la plataforma. El sellado de tiempo ante un tercero independiente está en desarrollo: es el paso que permitiría demostrar la integridad sin depender de nosotros.
Recorremos esta arquitectura sobre el software vivo. Mostramos el ledger firmado, el rechazo del trigger ante un intento de borrado y la generación de un reporte CSIRT de prueba.
Este documento describe funcionalidad técnica de AlgizSec y su correlación con la Ley 21.663. No constituye asesoría legal. El cumplimiento normativo es responsabilidad del regulado y requiere, además del software, decisiones organizacionales (designación de ESI, capacitación, registro en CSIRT Nacional) y eventual asesoría jurídica externa.